Covite pide a la Defensora del Pueblo que exija a Bélgica la entrega de la miembro de ETA Natividad Jauregi

Una delegación de Covite, en representación de la familia del teniente coronel asesinado, se ha reunido este miércoles con Becerril en Madrid. En ese encuentro, la presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez, ha reclamado a la Defensora del Pueblo que "inste urgentemente" al Gobierno del PP a tomar medidas, así como a exigir una "tajante rectificación" ante la "grave acusación" lanzada sobre España en torno al respecto de los derechos humanos.

Ordóñez ha informado a Becerril de que, por el asesinato de Ramón Romeo Rotaeche, fueron condenados a 28 años de reclusión mayor los miembros de ETA Sebastián Echaniz Alcorta, Enrique Letona Viteri y José Antonio Borde Gaztelimendi. La Audiencia Nacional no pudo enjuiciar a Natividad Jauregi, presunta autora de los disparos que acabaron con la vida del teniente coronel, al encontrarse en rebeldía.

El año pasado Jauregi fue localizada por las Fuerzas de Seguridad en Bélgica, donde fue arrestada en virtud de las órdenes de busca y captura dictadas contra ella. Tras ser detenida como presunta autora material del asesinato de Ramón Romeo, su defensa "judicializó la detención" y, finalmente, la Justicia belga denegó la extradición a la Justicia española "al presumir que España podría violar sus derechos humanos como presa".

Covite ha señalado que no tiene conocimiento de que haya existido actuación alguna por parte del Gobierno central, "ni queja ni reclamación" tras la "injustificable" decisión de la Corte de Casación de Gante.

Finalmente, ha recordado que la Audiencia Nacional ha dictado dos órdenes de busca y captura sobre Jauregi, la primera por un delito de terrorismo, y la segunda, en el 2004, por un delito de atentado contra la autoridad. El Ministerio del Interior sospecha que perteneció a un comando de ETA denominado 'Ixkulin', autor de dos atentados mortales. "Se cree que dos años después actuó como miembro liberado (no fichado) del comando Vizcaya", ha apuntado.

Además del asesinato de Ramón Romeo Rotaeche, también se le acusa de haber participado en varias acciones terroristas en 1981, en concreto la colocación de una bomba en la cuneta de una carretera de Lemona que alcanzó a una patrulla de la Guardia Civil y causó la muerte de dos agentes.