Policías locales de Vitoria inician una 'huelga de celo' con multas a peatones

Básicamente, los uniformados aplican la normativa municipal a rajatabla desde hace siete días. Y así continuarán salvo «que cambie la actual situación de desamparo de nuestro colectivo», coinciden varios de los guardias sondeados por EL CORREO. El Gobierno local, preguntado ayer por este periódico, adujo desconocer oficialmente la existencia de movilización alguna.

¿Pero cuáles son las razones para esta medida de presión que golpea de lleno a los bolsillos de los ciudadanos? «Varias y mantenidas en el tiempo», alegan medios policiales. Citan un «alarmante déficit» de personal. Hay 369 agentes -contando funcionarios de baja, en cursos o con reducción de jornada- cuando la plantilla podría alcanzar los 411. Esta escasez ha degenerado, siempre bajo el prisma de la plantilla, «en llamadas continuas para reforzar los turnos». Desde hace semanas, denuncian, «no salen más de dos coches patrulla por las noches». Ante la falta de recursos humanos, tampoco se les permite «librar en festivos para evitar quedarnos en cuadro». Y por último, recuerdan la falta de un convenio colectivo «desde 2006». Hace once años. Todos los encuestados, alrededor de una treintena de funcionarios de Aguirrelanda, se declaran «ninguneados».

De ahí que las bases de la Policía Local, dejando al margen a sindicatos y comité municipal, hayan emprendido el siempre delicado camino de protesta. Debido a la prohibición legal de hacer huelga, la respuesta ha sido irse al otro lado de la balanza. Hay que remontarse 31 años atrás para encontrar otra movilización similar en Aguirrelanda. Fue la ‘huelga de las corbatas’. Durante cuatro meses de 1986, la plantilla se enfrentó al entonces alcalde José Ángel Cuerda por la recién creada área de Protección Ciudadana (ahora Seguridad Ciudadana), que unificó a guardias y bomberos bajo un mismo paraguas.

Esta vez, la actual fractura se sustenta en una sucesión de divergencias. La mecha se prendió el otoño pasado, con el nombramiento de un nuevo responsable del área económica municipal. «Interrumpió un principio de acuerdo tras varios meses de negociaciones, dijo que él no había participado en las conversaciones», sostienen fuentes sindicales. Aquella decisión todavía escuece en Aguirrelanda.

El siguiente gran punto de fricción para explicar esta ‘huelga de celo’ se sitúa en el 4 de agosto. Ese día, hartos de la política de refuerzos continuos -y pese a estar remunerados- muchos agentes se plantaron. Sólo acudieron a cubrir huecos once de los cincuenta apuntados. Aquello obligó a vaciar la comisaría de Aguirrelanda durante buena parte de esa tarde. El resto de La Blanca transcurrió de forma tranquila ante la promesa del equipo de gobierno local de estudiar la situación a partir de septiembre.

«Pero pasó ese mes y también octubre sin noticias», remarcan fuentes policiales. Señalan al departamento de Seguridad Ciudadana -con una OPE de 32 plazas que se hará efectiva en primavera- y al de Función Pública. Durante esta tregua empezaron los movimientos de la base. Lejos de los focos mediáticos hubo una consulta entre todos los turnos -hay seis en total- para decidir qué medidas adoptar. Participó el 62% de la plantilla. Y ocho de cada diez agentes de la escala básica. La mayoría se mostró favorable a pasar a la acción. La primera decisión, con el beneplácito del comité municipal, fue el rechazo generalizado a reforzar más.

A partir de ahí, los agentes fueron por libre. Dejaron de lado a los sindicatos y al comité, que de participar podrían meterse en un lío legal. Y aún a riesgo de lo impopular de su exceso de celo, desde el martes miran con lupa cada maniobra en las carreteras y en las aceras. No existen datos concretos, pero este periódico ha constatado, gracias a llamadas de ciudadanos indignados, una «oleada de denuncias» en zonas como Abetxuko, Aranzábal, Zaramaga. Fuentes policiales no descartan que el siguiente paso en esta polémica estrategia sea «multar las dobles filas de los colegios».