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Comenzar un relato haciendo ‘spoiler’ o lo que toda la vida ha sido destripar el desenlace, merma el interés de una historia. Pero si ésta es conocida porque se reitera de forma cíclica, avanzar el final sólo constata un hecho. Y en la narración que nos ocupa, el hecho es que la Vitoria ‘Green’ no encuentra el resorte para que uno de los emblemas de la movilidad tenga una vida más longeva. La ciudad que se enorgullece de que dos tercios de los desplazamientos urbanos se realicen a pie o en bicicleta y de contar con un parque de más de 100.000 velocípedos, no sabe qué hacer con más de 250 bicicletas de toda clase y condición retirados de la vía publica por la Policía Local y que hoy apenas dejan aire en un almacén de unos 200 metros cuadrados en Aguirrelanda. El desenlace: más tarde o más temprano acabarán en la chatarra o, tirando de lenguaje administrativo –puro eufemismo–, se convertirán en «residuo sólido urbano» reciclable.
Porque ni la donación ni la subasta –fórmula ésta última activada en 2015 y que se ha quedado en simple ensayo– se barajan hoy como salida para estos vehículos que llevan semanas, meses, años incluso, colgados en las paredes o perfectamente alineados sobre el cemento en una nave que se queda pequeña. Se busca a sus dueños. Pero no aparecen.
La imagen es de exposición. Costaría desmontarla como ‘fake’ (falsa) si se asociara con un gran taller de reparación o con la sección de venta de bicicletas de cualquier establecimiento especializado en deporte. Pero estas no tienen dueño conocido y, desde luego, solo se ofrecen a un titular legítimo. El ‘stock’ está perfectamente registrado. En la web municipal se actualiza puntualmente (con una imagen de la bici, marca, modelo, color, código de registro y fecha de entrada en el almacén). Un auténtico catálogo de Rockriders, Orbeas, Toganos, BHs o Mettas con un valor total en el mercado difícil de cuantificar pero con unidades perfectamente reutilizables que se mueven entre los 50 y los más de 400 euros –simple estimación–. Ese catálogo se puso al día hace un par de semanas y en menos de un mes habrá una criba; se desecharán los modelos en peor estado.
Hay que ir dejando sitio en el desván de Aguirrelanda. De ese catálogo de más de 250 bicicletas, 168 se sumaron el pasado año; 47 son de ciudad o paseo y hay 121 BTT o de montaña. Si se tiene en cuenta el dato absoluto (168), suponen en torno a un 35% más que en 2016. Y subiendo. Porque en los dos primeros meses de este 2018 han llegado otras 49 ‘inquilinas’. Apenas quedan ganchos libres en las paredes de un recinto que también da cobijo a una pequeña moto, varios patinetes e incluso una traspaleta –supuestamente también robada– de las que se utilizan en cualquier nave para mover la mercancía.
¿Cómo han llegado allí todas estas bicis? Varias se identifican como «posible objeto de robo» –tiempo atrás en esta ciudad los amigos de lo ajeno han llegado a sustraer hasta 500 en diez meses–. La policía realiza «controles selectivos» para «detectar a personas con ‘cizallitas’» junto a los aparcabicis. Luego está el «presunto abandono», causa de un buen número de retiradas. La mayoría presenta signos de dejadez (óxido, estructura incompleta).«Llevaban semanas o meses» estacionadas en un mismo sitio, explican desde la Policía Local.
Aparcar indebidamente es otro de los motivos que deja al propietario sin su bicicleta. Si no existen aparcabicis en la zona o en ellos no queda un centímetro libre, la normativa municipal permite amarrarlas al mobiliario urbano «siempre y cuando no ocasionen daños, alteren la función (de ese elemento) o dificulten el tránsito peatonal, la accesibilidad o la circulación de vehículos». Y desde luego queda «terminantemente prohibido» su ‘amarre’ a árboles, jardineras o setos.
Quienes no se ajustaron a la literalidad de la ordenanza, no solo se quedaron sin la bici sino que incurrieron además en infracciones con sanción económica. En estos supuestos entran en juego «el miedo» a identificarla como propia y la calculadora: «unos doscientos euros es la multa por atarla a un árbol; cien por pronto pago». Si la bici no los vale, abandono y chatarra.
«El procedimiento es muy complejo». Así responden desde el Departamento de Seguridad Ciudadana a la pregunta de ¿por qué no se ha vuelto a realizar una subasta? La primera y única, hace tres años, rescató para la puja medio centenar de bicicletas del desván municipal. Unas dos mil personas se interesaron por un ‘escaparate’ en el que los precios de salida se movían entre 25 y 85 euros, en función de la antigüedad del vehículo. Todas llevaban al menos un año almacenadas y nunca habían sido reclamadas por sus propietarios. Este era el requisito fundamental de un procedimiento que implicaba a distintas áreas municipales (Hacienda, Seguridad Ciudadana)y que generó resquemor entre el comercio especializado. La institución les hacía la competencia.
El Ayuntamiento de Vitoria recibió 1.634 pujas, pero solo pudo validar las de 47 bicis. Porque la condición fundamental que marcaba el pliego –el que no hubieran sido reclamadas por sus dueños legítimos– sorpresivamente no se pudo cumplir. Tres las identificaron como propias y lo justificaron. «Que te saquen los colores no es agradable», explican de un modo muy gráfico quienes conocen al detalle aquel procedimiento.
Además, los ganadores de las pujas tuvieron que aguardar varias semanas para poder recoger el vehículo que ya habían pagado. El mismo tiempo o más que espera el comprador del último modelo de un coche a sacarlo del concesionario. Y es que hasta junio (tres meses después de abrirse el concurso) no se entregó la última de las bicis subastadas. En aquella ocasión el precio más alto que se pagó por uno de los velocípedos fue de 311 euros y el Ayuntamiento consiguió recaudar 3.917,66 euros.
«Se dio la circunstancia de que aparecieron algunos dueños; una situación que también podría ocurrir en el caso de que se plantease donarlas. Todo esto hace difícil una salida para estas bicis», insisten desde el Ayuntamiento. Se descarta, en suma, cualquier posibilidad de ‘adopción’. Porque ¿cuándo se entiende extinguido el derecho de propiedad de una bici? En el pasado, ayuntamientos como el Zarautz sacaron a subasta las que llevaban más de tres años en su almacén. Pero no parece existir una regla fija. Zaragoza, por ejemplo, aprobó en 2014 una ordenanza para donar bicicletas a entidades sociales transcurridos los tres meses en depósito sin reclamación del dueño.
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