La Diputación pide 7 años y medio de cárcel a Eliseo Gil por las falsificaciones de Iruña-Veleia

María Rego

Miércoles, 9 de mayo 2018, 16:23 | Actualizado 21:33h.

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Casi doce años después de su puesta de largo como un «extraordinario hallazgo», y con un informe de la Ertzaintza sobre la mesa que habla del «caso más grave de falsificación arqueológica a nivel mundial» de los últimos tiempos, la Fiscalía y la Diputación alavesa tienen listos sus correspondientes escritos de acusación contra Eliseo Gil, exdirector de las excavaciones de Iruña-Veleia, y dos de sus colaboradores más estrechos, Óscar Escribano y Rubén Cerdán. Al primero, el principal encausado, la institución foral le pide siete años y medio de cárcel y el fiscal, cinco y medio, por un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa.

El fiscal reclama, además, la misma pena para el segundo -tres años y nueve meses desde la Diputación- así como una multa de 7.200 euros a cada uno, el abono conjunto de 285.600 euros al Gobierno vasco por los daños generados e inhabilitación para trabajar en yacimientos durante la condena. Para el otro acusado, quien afirmaba ser físico nuclear para llevar a cabo unas analíticas que jamás realizó, solicita dos años y seis meses de prisión -tres años y nueve meses desde el ente foral- ya que sólo se le imputa un delito continuado de estafa. Entre los tres, además, se les demanda que ingresen 12.490 euros en las arcas forales en concepto de responsabilidad civil.

La presentación de este escrito abre la vía para el inicio de juicio oral en un caso que en la fase de instrucción generó más de 16.000 folios fruto de ocho años de ardua investigación. Pero hay que remontarse algo más atrás en el tiempo, a junio de 2006, para conocer su origen. Fue entonces cuando Gil, que cumplía en ese momento un año al frente de las excavaciones, 'vendió' al mundo un descubrimiento que aspiraba a revolucionar la lingüística, la historia, el arte y el estudio de las religiones. Se trataba de centenares de inscripciones en piezas de los siglos III a VI entre las que se hallaba un calvario -la representación de la muerte de Cristo- que, según la datación del equipo del encausado, se convertiría en el más antiguo conocido nunca.

El asombro por el hallazgo fue mayor si cabe cuando Gil puso sobre la mesa restos con referencias en euskera que procederían, de nuevo según sus cálculos, de los siglos IV a VI, es decir, unos 600 años antes de los primeros vocablos comunes de esta lengua de los que se tiene constancia por escrito. La magnitud de lo que Lurmen -la empresa del principal investigado que recibió millonarias subvenciones públicas por hacerse cargo de Iruña-Veleia- había encontrado en sus excavaciones puso en alerta a la comunidad local de expertos en la materia. Y las primeras dudas no tardaron en surgir. A finales de 2007, la institución foral, propietaria del yacimiento, decidió crear una comisión científico-asesora en un intento de arrojar luz sobre el medio millar de piezas presentadas y, en marzo de 2009, trasladó el asunto a los tribunales.

Pero, además de «las suficientes anomalías» observadas en 35 de los 39 fragmentos analizados que obligaba a considerarlas «contemporáneas» a ojos del Instituto del Patrimonio Cultural de España, la intervención de los dos trabajadores de Lurmen provocó «desperfectos» en 476 elementos hallados en el yacimiento, un daño que el Ejecutivo autónomo cifra en 600 euros por cada uno. El fiscal expone en su escrito que rayaron la superficie de esos fragmentos «a los efectos de realizar las supuestas inscripciones excepcionales, deteriorando así de forma irreversible piezas tardo-romanas auténticas». Así, por ejemplo, entre los detalles que chirriaron a los expertos aparecían errores ortográficos y referencias anacrónicas como la inscripción RIP sobre la cruz del calvario en lugar de INRI.