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E. C.
Jueves, 25 de enero 2018, 17:26
La Diputación de Álava, las Juntas Generales y el Ayuntamiento de Vitoria han dado este jueves su apoyo a la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo para que, de forma individual o como colectivo, acuda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el fin ... de que este se pronuncie sobre los hechos ocurridos en 1976.
Representantes de estas instituciones y de sus respectivos servicios jurídicos se han reunido en la capital alavesa con miembros de esta asociación a la que le han ofrecido asesoramiento jurídico y técnico para que pueda acudir a Estrasburgo y reclamar «justicia y reparación para las cinco personas asesinadas» por la Policía.
En la reunión, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria, se han analizado las distintas alternativas para que este tribunal europeo estudie el caso y se pronuncie tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC).
El TC acordó en una providencia del pasado 5 de diciembre no admitir a trámite la demanda de amparo presentada por las Juntas Generales de Álava contra la decisión de la Audiencia Provincial alavesa de archivar la causa penal sobre los sucesos en los que la Policía mató a tiros a cinco trabajadores en una asamblea.
El citado tribunal acordó el archivo al estimar -tal y como hizo antes el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria- que la responsabilidad de un presunto delito de genocidio o de lesa humanidad ha prescrito porque esos delitos no estaban contemplados en la legislación vigente en 1976.
El TC rechaza admitir a trámite el recurso de las Juntas Generales alavesas al entender que no se aprecia en el mismo la «especial trascendencia constitucional que se requiere para su admisión».
Tras este fallo, la asociación anunció que contactaría con las tres instituciones con las que se ha reunido este jueves para, una vez agotada la vía judicial en España, analizar la posibilidad de acudir a instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH).
El diputado general de Álava, Ramiro González, explicó la semana pasada que los servicios jurídicos de la Diputación concluyeron que no es posible un recurso por parte de las administraciones e instituciones que han formado parte del proceso judicial al entender el TEDH que están integradas en una de las partes del proceso, el Estado español.
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