La Audiencia de Álava confirma la existencia de indicios de estafa y daños en el caso de Iruña-Veleia

Nuevo capítulo del que ha llegado a ser tildado como «el caso más grave de falsificación arqueológica de los últimos años a nivel mundial». La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado la existencia de indicios suficientes para juzgar al exdirector del yacimiento arqueológico alavés de Iruña-Veleia, Eliseo Gil, un socio y un trabajador suyos por presunta estafa y daños. Así lo ha acordado en un auto hecho público este jueves por la sección segunda de este tribunal que considera que, tal y como estableció el pasado mes de mayo el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, existen indicios suficientes como para continuar la causa e ir a juicio contra los tres imputados por delitos continuados de daños y estafa; aunque sobre este segundo delito la Audiencia Provincial de Álava ha reconocido parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Gil.

A finales de mayo, el director del proyecto de las excavaciones de Iruña-Veleia recurrió el auto del juzgado de instrucción número 1 de Vitoria que posibilitaba el procesamiento y la apertura de juicio oral contra él y dos de sus más estrechos colaboradores, acusados de cometer un delito continuado de estafa y otro, igualmente continuado, de daños en el patrimonio. Ese recurso del auto suponía una nueva dilación en el proceso cuya instrucción judicial comenzó hace ochos años.

El auto que abría la puerta a la celebración de juicio oral por el escándalo arqueológico de Iruña-Veleia señalaba, como marca la ley, que las partes implicadas disponían de un plazo de diez días para solicitar la apertura de ese juicio, el sobreseimiento de la causa o presentar nuevas diligencias complementarias. El acusado hizo uso de su derecho y, por eso, de nuevo había que esperar a que hubiera una resolución, que se ha hecho pública este jueves.

El escrito de la titular del Juzgado de Instrucción 1, que se dio a conocer a principios de mayo de 2017, señalaba que los hallazgos de la excavación presentados por la empresa Lurmen, controlada por Gil, como «extraordinarios» son en realidad mentira. Defiende «la falta de autenticidad de los grafitos» acreditada por informes de departamentos y organismos totalmente fiables. Considera también que los procesados obraron de mala fe. Advierte, por ejemplo, de que las piezas se «colocaban de manera que fueran descubiertas después del lavado de materiales por parte de los empleados de Lurmen. Por este motivo no fueron descubiertos 'in situ'. Es decir, durante los trabajos de campo».

La Audiencia Provincial de Álava ha analizado ahora que los indicios de estafa que se recogen en la resolución que dictó el pasado mayo el juzgado de instrucción con el que se finalizó toda la fase de investigación giran en torno a dos acciones y que sólo se aprecia prueba de ese delito en uno de los casos.

El exdirector del yacimiento de Iruña-Veleia está acusado de haber falsificado grafitos considerados históricos. Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, de la que era administrador Gil, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que en su día se calificaron como históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo y que supuestamente fueron hechos por los acusados.

El auto que cerró ocho años de laboriosa investigación estableció que «la falta de autenticidad de estos grafitos» está acreditada por dos informes periciales del Instituto de Patrimonio Cultural de España y de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. De igual modo, añadió que los acusados actuaron con el «ánimo de obtener no solo un beneficio económico sino también un prestigio y reconocimiento profesional» y que acordaron elaborar en 2005 «informes falsos» para demostrar la autenticidad de los grafitos. Además, supuestamente, lograron que la Diputación alavesa pagase más de 12.500 euros por dos de ellos haciendo creer que habían sido redactados por unos laboratorios franceses.

Ahora la Audiencia Provincial de Álava ha analizado por separado los indicios recogidos sobre la presunta estafa. Por una parte, están los vinculados al cobro de los informes a la Diputación alavesa en la que estaría implicado Lurmen, cuyo representante era Gil, y otro de los acusados; y los relacionados con la muestra al público de esos hallazgos para «lograr un cierto prestigio profesional y obtener beneficios económicos».

En relación a los informes, el tribunal estima que hay suficientes indicios de una presunta estafa, aunque considera que no sería aplicable el tipo agravado de este delito porque la cuantía no es superior a 36.000 euros. Sin embargo, no ve prueba suficiente para ampliar el delito de estafa al acto de mostrar al público las piezas, ya que faltan indicios sobre un posible lucro.

El Tribunal también ha corroborado la continuación de la causa respecto a los presuntos daños cometidos sobre los objetos del yacimiento y también que los tres investigados presuntamente intervinieron en estos hechos. De igual modo, añade que deberán ser las partes acusadoras -Ministerio Fiscal y Diputación Foral de Álava- las que ahora delimiten en sus escritos la concreta intervención de cada acusado en los hechos. El auto es firme y no cabe recurso contra él.