Álava busca las vías para denunciar ante Europa si se reabre la central de Garoña

González acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de incumplir la directiva europea de ahí la denuncia ante Europa que establece un marco comunitario para la seguridad de las instalaciones nucleares. Esa normativa obliga a los estados a «poner a disposición del público en general la información relativa a la seguridad». El que no se haya hecho así, indicó el diputado, «ahonda más en la impresión de que no hay voluntad política de mantener la transparencia en este proceso».

La directiva también indica que se debe informar a la Comisión Europea sobre las inversiones necesarias para que Garoña vuelva a funcionar, cuestión que igualmente se estaría incumpliendo. Además, González recordó que la Diputación solicitó al Ministerio de Industria formar parte del procedimiento, pero la administración no ha recibido contestación alguna al respecto.

El máximo responsable del Gobierno foral se mostró contundente en el rechazo a la reapertura porque «Garoña es un peligro para Álava». Por ese motivo, aseguró que «la Diputación va a hacer todo lo posible para intentar evitar su reapertura». En el caso de que esta se produzca, la decisión se habrá tomado «de espaldas a Álava y con absoluto oscurantismo».

«Amortizada y obsoleta»

Al rechazo expresado, una vez más, por la Diputación, se ha sumado la petición de dieciséis municipios alaveses que reclaman el cese del presidente del CSN, Fernando Martí, «por la opacidad en el ejercicio de su cargo» así como por «la parcialidad más que evidente que ha demostrado en relación con la posibilidad de reapertura de la central», explicó ayer EH Bildu en una nota de prensa.

Llodio, Ayala, Okondo, Amurrio, Artziniega, Aramaio, Legutiano, Urkabustaiz, Zigoitia, Salvatierra, Alegría, Asparrena, Barrundia, San Millán, Valdegovía y Lapuebla de Labarca son los municipios que realizan la petición y demandan al Gobierno de Madrid «que no se prolongue de ninguna de las maneras la vida útil de esta central nuclear, que está absolutamente amortizada y su tecnología completamente obsoleta». Se adhieren así a la moción presentada por EH Bildu en las Juntas Generales, en la que se recoge que su puesta en marcha «supondría un riesgo para la población de Araba».