¿Qué es el ‘caso San Antonio’?

Hace ya una década que el entonces alcalde Alfonso Alonso y el empresario Gonzalo Antón firmaron un contrato de alquiler por unos locales en la calle San Antonio de Vitoria. Un asunto que levantó las sospechas de algunos concejales desde el primer momento, pero que no llegó a investigarse por parte de una comisión hasta septiembre de 2013. Estas son algunas fechas clave en la cronología de este caso.

13 de enero de 2006

La empresa Sbayre de Gonzalo Antón paga 2,72 millones de euros a la constructora Sarkis por una lonja de 892 metros cuadrados, tres plazas subterráneas de aparcamiento y un trastero en la calle San Antonio, en los bajos del antiguo convento de Las Reparadoras.

Finales de 2006

El expresidente del Deportivo Alavés a través de una inmobiliaria local ofrece la lonja tanto al Ayuntamiento de Vitoria como al Departamento foral de Asuntos Sociales. Precisamente, por esas fechas, al Gabinete de Alfonso Alonso le surgió la necesidad de contar con espacio para acoger los servicios de Atención a la Ciudadanía y Padrón y para el traslado de la Oficina de Turismo, que entonces se encontraba en la plaza General Loma. Por correo electrónico y en persona, el Consistorio acelera los contactos con Paco Liberal, número dos de Antón y de Sbayre.

16 de febrero de 2007

El entonces alcalde Alfonso Alonso y el empresario firman un arrendamiento que le supone recaudar un importe «no inferior al doble del valor de compra del local», 399 días antes, como concluyó una comisión de investigación municipal. La magistrada del Tribunal de Cuentas María Antonia Lozano Álvarez señaló en una primera sentencia que se establecieron «estipulaciones» para que el arrendatario consiguiera una rentabilidad «lo más parecida» a lo que pretendía desde la primera oferta que presentó al Ayuntamiento (seis millones de euros) antes de la negociación. La importante reforma de la lonja, que se encontraba en fase de obra, fue sufragada por las arcas municipales, aunque cuando concluya el alquiler volverá a manos del hostelero. Su renta se actualizaba por el Índice de Precios al Consumo (IPC), más un incremento que variaba entre el 1% y el 9%, sin tener en consideración el informe de la unidad de valoración del Departamento de Urbanismo.

Desde 2007 hasta 2013

Nadie emprende acciones para tratar de enmendar el contrato y eso que los concejales Arantza Zenarruzabeitia (PNV) y Antxon Belakortu (EA) manifestaron sus dudas pocos días después de su firma. Patxi Lazcoz sólo contacta una vez con el expresidente del Deportivo Alavés durante sus cuatro años de mandato.

Verano de 2013

Una noticia en EL CORREO hace que se recupere el interés por el caso. El entonces alcalde Javier Maroto sostiene que era «del todo imposible» negociar con Antón para lograr una rebaja.

24 de septiembre de 2013

Empieza una comisión de investigación sobre el alquiler de la calle San Antonio. En sus diecisiete sesiones comparecen catorce personas. Alfonso Alonso lo hace por escrito. Ni Gonzalo Antón ni Paco Liberal declaran.

4 de octubre de 2013

Maroto acuerda con Antón una rebaja del 30% en el alquiler, se actualiza sólo por el IPC y se suaviza el blindaje.

27 de marzo de 2014

La comisión concluye que es un contrato innecesario y gravoso que «en la actualidad sigue obligando al Ayuntamiento a un desembolso no inferior al doble del valor de compra».

3 de junio de 2014

A propuesta del PNV, el pleno traslada al Tribunal de Cuentas del Estado el expediente de la comisión de investigación por si hubiera responsabilidad contable.

19 de junio de 2014

Se recibe contestación de que se abrían diligencias, aunque tanto algunos miembros del Gobierno local del PP como la mayoría de la oposición se enteraron de este asunto a través de este periódico.

5 de marzo de 2015

Se cita al equipo de gobierno de Alfonso Alonso para dar explicaciones ante este órgano fiscalizador. Ninguno acude. La instructora del Tribunal de Cuentas, Mónica Rino García Camacho, impone una fianza de 499.223 euros a los nueve concejales entre los que se incluyen los exsenadores Miguel Ángel Echevarría y Jorge Ibarrondo, el presidente de la Fundación Vital, Fernando Aránguiz, Encina Serrano, Marian Castellanos, Idoia Garmendia y el todavía edil Alfredo Iturricha como responsables por los presuntos perjuicios causados a la contabilidad del Ayuntamiento al haberse pagado «un precio superior al que hubiese correspondido» por el arrendamiento de las oficinas de San Antonio.

14 de mayo de 2016

El Tribunal de Cuentas del Estado condena a Alonso y a sus ocho concejales a pagar 393.862,31 euros por los «perjuicios ocasionados en los fondos públicos del Ayuntamiento» por aprobar la firma del alquiler. La magistrada del órgano fiscalizador con sede en Madrid María Antonia Lozano Álvarez lo cataloga de «injustificadamente gravoso» e incluso estima que los demandados incurrieron en una «negligencia grave». Según subraya la sentencia, el gabinete de Alfonso Alonso no tuvo en cuenta un informe elaborado por la Unidad Técnica de Valoración del Departamento municipal de Urbanismo previo al acuerdo.

Los técnicos del Consistorio calcularon una renta máxima mensual de 10.168 euros por el alquiler, pero, en cambio, se suscribió con Gonzalo Antón, expresidente del Deportivo Alavés, una de 12.000 euros más la actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC), además de una cláusula de blindaje por 20 años. Diferencias en «aparente perjuicio de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento» que, «o se sustentan en justificaciones suficientes y adecuadas o constituyen un alcance en los fondos públicos», según apunta el dictamen, que además les reclama 2.400 euros por el «abono injustificado de los gastos de comunidad» que la magistrada considera que tenía que sufragar el arrendador.

Septiembre de 2016

Nombran a Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia bajo el mandato de José María Aznar y antigua diputada del PP, para formar parte del tribunal que redactará una segunda sentencia. Junto a ella formarán la corte José Manuel Suárez Robledano, que también fue designado en 2012 por los populares para formar parte del órgano fiscalizador, y Felipe García Ortiz que, en su caso, llegó al puesto con el respaldo del PSOE.