La represión republicana en Álava: los asesinatos de Elosu

En los últimos años se ha escrito mucho sobre la represión franquista en Álava. El libro Matar, purgar, sanar. La represión franquista en Álava (Tecnos, 2014) de Javier Gómez Calvo, explica con todo lujo de detalles y con un rigor desconocido hasta entonces todo lo ocurrido y desmontó algunos mitos y leyendas. Como, por ejemplo, que realmente fue una de las provincias donde menos se asesinó y que los golpistas fueron cambiando de métodos de eliminación del contrario según avanzaba la guerra.

En esta ocasión, acudo a otro libro recientemente presentado por su autor Álava, una provincia en pie de guerra. Voluntariado y movilización durante la Guerra Civil, de Germán Ruiz Llano, porque dedica un capítulo especial a zanjar este asunto.

Como es sabido la mayoría del territorio alavés cayó en manos de los sublevados a las primeras de cambio. Una franja pequeña que incluía el área cantábrica (Amurrio, Llodio, Ayala, Okondo) y el valle de Aramaio quedó en manos de la República. Y desde luego, aquí también hubo represión contra los partidarios del golpe. «La mayoría de los carlistas y derechistas más jóvenes de la zona, en número de 124, junto a otros tantos de más edad, consiguieron escaparse y alistarse en Vitoria. Por cierto, también se escaparon requetés de Vizcaya y Guipúzcoa (al menos 236). Sin embargo, los que no pudieron hacerlo fueron perseguidos por las milicias y autoridades republicanas, siendo detenidos, sólo en Llodio, cerca de 70 vecinos. Una parte de ellos fue juzgada por el Tribunal Popular de Euzkadi en Bilbao bajo el delito de Rebelión Militar. Por ejemplo, el 13 de marzo de 1937, fueron juzgados José Luis Gastaca y Juan Urquijo Ibarra, ambos detenidos por la Guardia Civil de Llodio el 28 de julio de 1936. Después de confesar que pertenecían al Requeté de Oquendo fueron condenados a 14 años y 8 meses de prisión. Sin embargo, sobre todo, la represión republicana en Álava se caracterizó por la actuación de grupos de milicianos, tanto locales como vizcaínos, que se dedicaron a realizar robos, incendios, saqueos, requisas y asesinatos por su cuenta, lo que no quiere decir que algunos no estuvieran planeados u organizados. Por ejemplo, el 21 de octubre de 1936, el pueblo de Elosu fue asaltado por un grupo de milicianos anarquistas capitaneados por un vecino de la localidad, Marcelino Urquiola, apodado El buey, asesinando a 17 personas y saqueando sus domicilios por una venganza personal, la mayor matanza producida por uno de los bandos durante la contienda en Álava. Sin embargo, es inverosímil que semejantes hechos ocurrieran de improviso o fueran realizados en caliente. Se convocó y congregó al vecindario, hubo una selección por parte de Urquiola y se llevó a las víctimas, que iban de los 17 a los 69 años, hasta un monte cercano donde fueron asesinadas y enterradas».

Continúa su relato Germán Ruiz: «La excepción a este tipo de acciones sería el asesinato de cinco cabos y guardias de asalto acaecido en Amurrio, una semana antes, el 13 de octubre. Estos crímenes fueron ordenados por el comandante Gabriel Aizpuru, jefe de este sector del frente en aquel momento y de la Guardia de Asalto de Bilbao en julio de 1936, tras ser informado de que habían sido sorprendidos oyendo las emisoras de los sublevados y que se les consideraba como facciosos , o sea de ideas derechistas, desde antes de la guerra. Es de destacar que los jefes de milicias que recibieron la orden protestaron por su arbitrariedad, defendiendo el que fueran detenidos y juzgados. Sin embargo, Aizpuru se reafirmó contestándoles que hay que eliminarlos lo antes posible y cerrar el hecho como consumado. De lo contrario, no ocurrirá nada y, sin pasar mucho tiempo, serán nuestros verdugos. Estos asesinatos, aunque excepcionales en la retaguardia republicana alavesa no los cometieron solo milicianos incontrolados, expresión que ha hecho fortuna hasta el día, o criminales comunes que se aprovecharon de la impotencia del Estado republicano tras la sublevación y la multiplicación de poderes surgida allí donde fracasó. Una parte de los defensores de la República asesinaba a sus contrarios de manera planeada, consciente y fría. En este caso concreto, de manera preventiva a quienes podían representar un potencial peligro dentro de sus propias filas. Si bien la orden de Aizpuru no respondía a instrucciones de las autoridades republicanas o al Gobierno vasco y tomó su decisión de motu proprio. Él era un militar profesional y la máxima autoridad militar oficial de aquel sector del frente, no un miliciano cualquiera o miembro de un comité con cuentas que saldar con los derechistas locales».

«La diferencia entre las violencias represivas de ambas zonas radica en que, en zona republicana, estas no obedecían a un plan establecido y organizado desde las altas instancias del Estado republicano, sino que más bien fueron fruto de la fragmentación de poder que se dio tras la sublevación y fue ejercida mayoritariamente por múltiples poderes locales y autónomos surgidos después de aquella, mientras que, en el caso de los sublevados, respondía a una estrategia de terror y eliminación del contrario sancionada desde su cúpula de poder y organizada de manera centralizada y meticulosa».

«En total, fueron asesinados en el note de la provincia 46 de sus vecinos y dos fueron ejecutados por espionaje tras sentencia del Tribunal Popular de Euzkadi. Asimismo, otros 29 perecieron en las sacas que se produjeron en los asaltos de las cárceles y barcos-prisión en Bilbao. Las víctimas fueron sobre todo los carlistas y falangistas locales y, en algún caso, también nacionalistas, mientras que, socialmente, sus víctimas tendieron a ser labradores y sacerdotes, con un alto componente de mujeres, ocho, más del doble que en zona franquista curioso y llamativo dato-. El sexo femenino sufrió además por parte de los milicianos considerables actos de sadismo y crueldad, como el perpetrado en Guadalupe Viguri, de tan solo 13 años, asesinada en compañía de su padre José María, socio del Círculo Carlista de Amurrio.»

«Ahora bien, la represión no sólo se centró en el encarcelamiento o el asesinato de los contrarios. En cada municipio se formaron juntas de investigación que emitían informes de las actividades de los derechistas locales, los cuales podían sufrir multas o incautaciones, mientras que la administración de los ayuntamientos fue purgada de todos los funcionarios y concejales de ideas derechistas o considerados enemigos del régimen republicano, sustituyéndoles personas adictas. También, las familias de los partidarios de la sublevación sufrieron represalias. Por ejemplo, en el municipio de Ayala, después de que los hijos de seis familias se escaparan para alistarse como requetés, se detuvo a sus padres y se les obligó a abandonar sus casas, bienes y animales, que fueron saqueados e incendiados». Lo mismo ocurrió en Lezama. ¿A qué suena esa estrategia?