Antón percibirá 6.000 euros menos al mes por el polémico alquiler de San Antonio

El alcalde Javier Maroto y el empresario Gonzalo Antón se reunieron ayer en las oficinas del Ayuntamiento para tratar de rebajar el contrato de alquiler de los locales de la calle San Antonio. A media tarde, el expresidente del Alavés acudió al Consistorio y finalmente acordó con el regidor rebajar en un 30% la renta de las actuales oficinas de Asuntos Sociales, lo que significará una merma de 6.000 euros mensuales respecto al contrato actual. De esta forma, el hostelero mirandés respondía a la solicitud que le traslado el regidor vitoriano hace ya un mes, acuciado por las críticas del conjunto de la oposición.

Se trataba de un polémico acuerdo que fue suscrito durante los últimos días de gobierno municipal de Alfonso Alonso (en 2007), que le cuesta 144 euros por hora a las arcas locales y que está blindado hasta 2027. Este blindaje ha sido ligeramente retocado y también se ha acordado la revisión del índice de aumento en el precio del contrato. Ahora será del IPC anual, en lugar del previsto, que era superior.

Esta maniobra tuvo lugar apenas doce horas antes de que la comisión de investigación sobre el arrendamiento de San Antonio haya votado la lista de comparecientes. Además de Maroto y Antón, en la lista aprobada también aparece el nombre de Alonso. El PP de Vitoria finalmente votó se opuso a la presencia del portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, ya que considera que "sólo responde a un interés político".

La oposición reclama el fin del blindaje

El alcalde se ha felicitado por las "condiciones más ventajosas" del nuevo contrato, que se han adecuado al actual mercado inmobiliario, y ha criticado al anterior equipo de Gobierno socialista porque "se podía haber renegociado antes". Ha avanzado que la Junta de Gobierno ratificará el acuerdo cuando antes para que entre en vigor en el menor plazo posible.

La oposición en Vitoria han considerado en sendas ruedas de prensa que el nuevo contrato es "insuficiente". El portavoz del PNV, Gorka Urtaran, ha valorado el "esfuerzo" negociador de ambas partes pero ha denunciado que "no se corrija la cláusula penal", ya que en caso de rescisión aún se debe pagar el 50 % de la renta hasta los 20 años.

También Marian Gutiérrez (PSE) ha criticado que no se haya eliminado ese "blindaje" y ha denunciado que a pesar de la rebaja del 30 %, la renta seguirá "por encima del precio que los técnicos municipales calcularon en 2007 -en plena burbuja inmobiliaria- que era de 10.178 euros".

Desde EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, ha reclamado la desaparición del "blindaje" y ha considerado que el acuerdo con Antón es "la primera victoria" de la comisión municipal que investiga este contrato firmado en 2007 durante el mandato del exalcalde Alfonso Alonso (PP).

Precisamente hoy se ha reunido esta comisión y ha acordado pedir la comparecencia de Alonso, actual portavoz del PP en el Congreso. A excepción de los populares, todos los grupos han votado a favor de solicitar su presencia. Maroto ha justificado esta negativa en un informe de la Secretaria del Pleno que señala que la comisión debe ceñirse a la actuación del equipo de Gobierno durante la actual legislatura y no a mandatos anteriores.

Además de la petición de comparecencia de Alonso -que no tiene obligación de acudir- la comisión de investigación quiere escuchar el testimonio de otras quince personas, entre ellas el exalcalde socialista, Patxi Lazcoz, el actual regidor vitoriano, Gonzalo Antón, y diversos cargos del Ayuntamiento y de la Diputación Foral en el momento de la firma del contrato.